Hoy tuve la oportunidad de participar en Agenda Propia, el programa del Centro de Periodismo Investigativo, para comentar los hallazgos de una investigación periodística sobre el Proyecto del Senado 504, realizada por la periodista Cristina del Mar Quiles, a cargo de la Unidad Investigativa de Género del CPI, en colaboración con Todas PR. Comparto aquí un fragmento de esa conversación como punto de partida para reflexionar sobre un proyecto que ya ha generado amplias alertas desde el derecho, la salud y los derechos humanos.

Ya mucho se ha escrito sobre los efectos nocivos del Proyecto del Senado 504. Profesores y profesoras de derecho, profesionales de la salud —incluyendo médicos y médicas—, y múltiples organizaciones han advertido sobre sus riesgos. A estas alturas, no debe caber duda de que se trata de un proyecto que, de ser aprobado, tendría consecuencias nefastas para la libertad, la autonomía y la paz de las mujeres y de las personas gestantes.

Quiero detenerme en tres puntos particularmente importantes.

Primero, una lectura cuidadosa del proyecto revela una profunda deshonestidad en cuanto a las motivaciones que impulsan su aprobación. Sabemos que el PS 504 busca limitar el derecho al aborto. Sin embargo, ni el presidente del Senado ni la legisladora Rodríguez Veve —quienes han encabezado su impulso— lo presentan abiertamente como un proyecto antiaborto. No lo nombran así. No lo asumen así.

El artículo de Cristina del Mar Quiles expone con claridad las posibles consecuencias de nombrar como persona a un nasciturus o a un óvulo fecundado. Es fundamental subrayar que, en otros contextos, este tipo de reconocimiento ha ido acompañado de legislación que regula o prohíbe el aborto. En Puerto Rico, sin embargo, el aborto sigue siendo legal, y este proyecto no lo criminaliza directamente.

Es posible que el hecho de que no se haya presentado un proyecto explícitamente antiaborto responda a un cálculo político por parte de sus promoventes y de otros legisladores antiderechos, quienes parecen reconocer que no existe, en este momento, un escenario político favorable para una prohibición frontal y formal del aborto. Eso no significa que la presentación del PS 504 no responda a ese mismo objetivo. Por el contrario, su diseño revela una estrategia dirigida a avanzar gradualmente hacia esa meta. Este proyecto constituye un primer paso claro en esa dirección y debe leerse como tal.

Segundo, no existe ninguna política pública válida ni ningún interés legítimo que justifique alterar el Código Civil en este aspecto. El Código Civil de 1930 era claro: el nacimiento marcaba la personalidad jurídica. El Código de 2020 introdujo la idea de que el concebido podía tenerse por nacido para todo lo que le fuera favorable, pero eso siempre significó un reconocimiento diferido de derechos, condicionado al nacimiento.

El PS 504 lleva esto a otro nivel: afirma sin ambigüedades que el concebido es una persona. Eso convierte la propuesta en una ley odiosa, porque coloca desde el inicio a la persona gestante en conflicto con el feto que lleva en su vientre. Crea una tensión jurídica artificial entre quien gesta y quien eventualmente podría convertirse en su hijo, hija o hije.

Resulta profundamente irónico que quienes impulsan este tipo de proyectos afirmen estar a favor de la maternidad y en contra del aborto, mientras ignoran deliberadamente los efectos disuasivos de este tipo de legislación. Como señala Mayra Díaz-Torres en el artículo publicado por CPI / Todas, estas medidas pueden provocar que mujeres y personas gestantes decidan no embarazarse —o. añado, incluso interrumpir embarazos deseados— ante el temor de no contar con recursos suficientes o de enfrentar la intromisión de terceros que aleguen defender los “derechos del no nacido”.

Tercero, debemos sentirnos orgullosas y orgullosos del trabajo de oposición que se ha construido frente a este proyecto. Aunque no hubo vistas públicas y se ha intentado legislar a puerta cerrada, se ha logrado que el PS 504 sea ampliamente discutido. Es histórico, por ejemplo, el pronunciamiento a página completa de profesionales de la salud que decidieron intervenir públicamente en un debate que toca tanto la maternidad como los derechos de las mujeres.

Nada de esto termina aquí. La lucha no empieza ni acaba con la aprobación —o el rechazo— de un proyecto de ley. Existen múltiples experiencias, dentro y fuera de Puerto Rico, de mujeres que han resistido, reinterpretado y desafiado políticas públicas discriminatorias.

Las abogadas, en particular, tenemos ante nosotras un llamado histórico: formarnos, posicionarnos y educarnos en materia de derechos sexuales y reproductivos; estar dispuestas a colocarnos en la primera línea de defensa del derecho de las mujeres y de las personas gestantes a decidir sobre sus cuerpos, sobre sus vidas y, en última instancia, sobre su felicidad.