La presentación por parte de la administración de la gobernadora Jenniffer González del Proyecto del Senado 923 debe leerse en continuidad con las enmiendas recientes al Código Penal y el Código Civil aprobadas mediante las leyes 165-2025 y 166-2025— y no como un evento aislado.

Aunque el P. del S. 923 se presenta como un esfuerzo para “armonizar” o “hacer coherente” el ordenamiento penal, lo cierto es que ni el texto del proyecto ni su Exposición de Motivos explican con claridad cuál es la supuesta incoherencia que se pretende corregir.

La Exposición de Motivos es particularmente breve y se limita a afirmar la necesidad de consistencia normativa, sin identificar contradicciones concretas ni problemas prácticos derivados del marco legal vigente. Esa ausencia de justificación sustantiva es relevante, porque el proyecto no se limita a un ajuste técnico: redefine una categoría penal general —la noción de “ser humano” para fines del delito de asesinato.

Sin dudas preocupa que este tipo de proyectos se vayan construyendo de manera acumulativa, utilizando reformas previas como zapata para nuevas regulaciones, sin un análisis integral de sus efectos. Aunque el P. del S. 923 no criminaliza ni regula el aborto, sí contribuye a la configuración paulatina de un marco jurídico que hace más vulnerables a las mujeres que puedan necesitar acceder a servicios de aborto en el futuro.

El derecho no puede perder de vista una realidad básica: el concebido no tiene existencia independiente del cuerpo de la mujer gestante. Cualquier intento de otorgarle un tratamiento jurídico separado, especialmente en el ámbito penal, necesariamente entra en tensión con las regulaciones que atienden la salud, la autonomía y la vida de la mujer embarazada e incluso con las claúsulas penales que atienden concretamente los delitos contra mujeres embarazadas. En ese sentido, lejos de aclarar el ordenamiento, este tipo de enmiendas corre el riesgo de generar mayor confusión interpretativa.

La pregunta importante es: si el proyecto no identifica un problema jurídico concreto ni responde a una necesidad clara de política pública, ¿qué motiva realmente su presentación? La forma en que se articula sugiere que el énfasis no está en resolver una dificultad normativa real, sino en producir efectos discursivos y simbólicos en el debate público y crear mayores disuasivos para quienes practican abortos en Puerto Rico.